Desarrollo Histórico

El origen de la Diputación de la Grandeza se remonta a 1815 cuando, terminada la Guerra de Independencia y ante la pésima situación en que había quedado la Hacienda española tras la contienda, el Rey Fernando VII mediante un oficio con fecha de 15 de mayo convocó a los Grandes de España -en tanto que “primera clase del Reino”- para que, reunidos en junta, acordaran las aportaciones económicas que sus circunstancias les permitieran con el fin de aliviar las necesidades del Tesoro. Con tal misión, los duques de San Carlos y del Infantado fueron los encargados de transmitir a sus pares la petición del monarca. Para ello, el 3 y 8 de junio de 1815 tuvieron lugar dos reuniones -que bien podrían considerarse las primeras asambleas- a las que asistieron un total de sesenta y siete Grandes de España. En ellas los presentes acordaron “que quanto tienen, valen y poseen, y hasta sus mismas personas, están uno y otro al servicio del Rey y de su Patria”. Los donativos se dividieron de la siguiente manera: treinta y seis de los Grandes asistentes a la reunión pusieron a disposición de la Hacienda “la décima [parte] del producto líquido de sus rentas” correspondientes al año 1815; trece ofrecieron cantidades de dinero que en total ascendían a más de 627.000 reales; y, por último, dieciocho hicieron “proposiciones definidas e indefinidas”. Para finales de 1817, el valor de lo recaudado a favor del erario se acercaba a los 8.500.000 reales.

El 10 de agosto de 1815 quedó constituida la primera junta de la Diputación de la Grandeza, siendo elegidos para formarla el duque de San Carlos como primer vocal -cargo que, pocos años después, recibió la actual denominación de ‘decano’-, el señor de Rubianes como secretario y los duques del Parque, de Híjar, de Villahermosa y de Montemar y el conde de Miranda como vocales. La elección del duque de Montemar como vocal no estuvo exenta de cierta peculiaridad, puesto que habiendo recibido el mismo número de votos tanto Montemar como los marqueses de Astorga y de Santa Cruz, se decidió recurrir para su elección al azar introduciendo en una urna los nombres de los tres candidatos y en otra distintas dos papeletas en blanco y una tercera con la palabra “Vocal”, siendo finalmente elegido para el cargo el duque de Montemar.

La primera junta de la Diputación de la Grandeza se reunió el 14 de agosto de 1815 y entre sus primeras iniciativas estuvo el llevar a cabo una relación general de todos aquellos miembros que componían la Grandeza de España, tanto residentes en la Península como fuera de ella, con el objeto de “formar el estado más exacto posible de la Clase de Grandes”, incluyendo los datos de sus consortes. También se acordó por esta primera junta el reunirse todos los viernes en casa del duque de San Carlos -por ser éste el primer vocal- y el dirigir una circular a los Grandes de España informando de las atribuciones y fines fundacionales de la Diputación, así como de los medios por los que los Grandes podían ponerse en contacto con la misma, todo ello con el objetivo de promover la unión y colaboración entre los Grandes de España.

Otro de los acuerdos tomados fue el de redactar un reglamento para la Grandeza de España, que tras su pertinente discusión y votación por los miembros integrantes de la misma fue elevado a Fernando VII para su aprobación definitiva, considerándose estas normas “la regla y base que dirija a la primera clase del Estado para apoyar con sus haciendas, personas, crédito y vidas los sagrados derechos del Trono”. El 19 de octubre de 1815 el reglamento de la Diputación de la Grandeza recibió la aprobación regia, siendo nombrado además el Infante Don Antonio Pascual para que presidiera las juntas y las asambleas de Grandes en representación del monarca “por no permitírselo sus graves ocupaciones”.

Según el reglamento aprobado, la Diputación se componía de siete vocales -uno de ellos con el cargo de secretario-. Poco después se dispuso que las reuniones y asambleas de los Grandes se celebrasen en el Palacio Real, dando muestra con ello de la cercanía existente entre la “primera clase del Reino” y el monarca. Por petición de la asamblea, a partir de 1817 el mayordomo mayor del Rey pasó a ocupar un puesto en las juntas de la Grandeza, siendo el conde de Miranda del Castañar el primero en hacerlo.

Ese mismo año falleció el Infante Don Antonio Pascual, siendo nombrado el Infante Don Carlos María para sustituirle. Fue precisamente este infante quien, a la muerte de su hermano el Rey Fernando VII, se levantó en armas contra su sobrina la reina Isabel II, dando inicio con ello a una escisión dinástica que fue origen de varias guerras civiles a lo largo del siglo XIX.

Durante el reinado de Isabel II, a quien la Diputación de la Grandeza proclamó su lealtad, la consideración oficial de los Grandes de España fue variando al compás de los cambios políticos experimentados por el país. Así, el Estatuto Real de 1834 confirió a los Grandes, bajo una serie de condiciones, el derecho hereditario a formar parte del Estamento de Próceres. Sin embargo, la inestabilidad que caracterizó el reinado de Isabel II también se reflejó en la presencia de los Grandes de España en la cámara alta, pues el texto constitucional de 1837 estableció un senado sin una presencia específica de la Grandeza. La posterior constitución de 1845 devolvió a los Grandes de España la prerrogativa de la senaduría e incluso varias reformas legales aprobadas en los años siguientes ampliaron sus derechos. En 1864 una nueva reforma eliminó estas añadiduras y restableció en su integridad lo dispuesto en el texto constitucional de 1845.

En este periodo la Diputación de la Grandeza defendió el derecho de los Grandes a ocupar puestos hereditarios como senadores y a establecer vinculaciones, como demuestra la publicación en 1853 de un estudio sobre el particular firmado por el duque de Rivas -vocal por aquel entonces- y José González Serrano. Al igual que en el reinado anterior, la Diputación continuó promoviendo la recaudación de fondos con fines diversos, como en el caso de la guerra de África (1859-1860), para la que se recaudaron más de 1.230.000 reales.

La caída de Isabel II y la llegada de la Primera República tras el corto reinado de Amadeo de Saboya supuso la prohibición por parte del Estado del uso de títulos nobiliarios. Sin embargo, una vez proclamado Rey Alfonso XII y promulgado el texto constitucional de 1876, los Grandes de España recuperaron nuevamente el derecho a contar con asiento en el Senado. Por otro lado, los estatutos de la corporación, vigentes desde 1815, fueron sustituidos en 1883 por unos nuevos aprobados por Alfonso XII siendo decano el conde de Puñonrostro.

Durante el reinado de Alfonso XIII, las actividades de la Diputación de la Grandeza ganaron un gran impulso, especialmente durante el mandato del duque de Tamames. A su iniciativa y actividad se debe el Real Decreto de 27 de mayo de 1912 sobre concesión y rehabilitación de Grandezas y Títulos, el cual confirió a la Diputación de la Grandeza una participación mucho mayor de la que hasta entonces había tenido en todo lo relacionado con el uso de las dignidades nobiliarias. Coincidiendo con el primer centenario de la creación de la Diputación de la Grandeza, el Rey Alfonso XIII aprobó unos nuevos estatutos, que vinieron a reemplazar los rubricados por su padre en 1883.

Al duque de Tamames se debió también el establecimiento del Premio Cervantes. De carácter bienal y dotado con una retribución de 10.000 pesetas, este galardón estaba destinado a promover trabajos intelectuales relacionados con los valores y fines defendidos por los Grandes. Asimismo, fue durante los años como decano del duque de Tamames cuando se erigió a San Francisco de Borja como patrono de la corporación.

Avanzados los años, ya con el marqués de Estella en la presidencia del Consejo de Ministros, pareció haber un cierto interés por otorgarle a la Nobleza Titulada en general y a los Grandes de España en particular una posición oficial dentro del organigrama estatal. De esta forma, en 1929 se le asignó a la Diputación de la Grandeza un puesto de consejero a su libre elección dentro del Consejo de Estado, siendo escogido el marqués de Miraflores para desempeñar tal cometido.

Más importante fue, sin embargo, el trabajo desarrollado por la Diputación de la Grandeza en la redacción del denominado Estatuto Nobiliario, el cual pretendió promover una mayor cohesión de las clases aristocráticas españolas. La iniciativa interesó al general Primo de Rivera, creándose una comisión oficial a tal efecto y siendo aprobado por el Consejo de Ministros el proyecto de estatuto en el que se recogía que Grandes y Títulos se integraran bajo una misma entidad llamada “Diputación de Grandes y Títulos”. Sin embargo, la caída del marqués de Estella terminó por malograr la propuesta.

La crisis política que siguió a la dimisión de Primo de Rivera terminó por desembocar en una crisis institucional cuando las elecciones municipales celebradas el 12 de abril de 1931 dieron una amplia victoria a las candidaturas republicanas en las principales capitales de provincia. El Rey Alfonso XIII decidió suspender “deliberadamente el ejercicio del Poder Real” y marchar al exilio. La proclamación de la Segunda República abrió un periodo de incertidumbre acrecentado por las primeras medidas adoptadas por el nuevo régimen. Entre ellas, el no reconocimiento oficial de las dignidades nobiliarias -recogido en el artículo 25 del texto constitucional- y la aprobación de una reforma agraria que contemplaba la expropiación de fincas a aquellos Grandes de España “cuyos titulares hubieran ejercido en algún momento sus prerrogativas honoríficas”.

A pesar de lo complejo de la situación, durante el periodo republicano la Diputación de la Grandeza mantuvo una importante actividad en diversos ámbitos. El primero de sus cometidos fue el asumir la tramitación de las sucesiones de dignidades nobiliarias dada la inhibición de las autoridades republicanas en la materia. Para ello, la Diputación apoyó la redacción y publicación de una guía nobiliaria, obra del genealogista Roberto Moreno Morrison, que cumplió la función de control y registro que hasta entonces había venido teniendo la Guía oficial de España.

Como desde su creación, la Diputación de la Grandeza continuó recaudando fondos para fines diversos, como atestiguan la colecta de un millón y medio de pesetas para apoyar a aquellos partidos más afines a sus ideales durante las elecciones de 1933 o el donativo de 10.000 pesetas con destino a los miembros de la fuerza pública que hicieron frente a los sucesos violentos que en octubre de 1934 tuvieron lugar en Asturias y Cataluña.

La Guerra Civil supuso una difícil prueba para el conjunto de la nobleza, puesto que en el transcurso de la misma murió un elevado número de sus integrantes, la mayoría de ellos asesinados en la retaguardia, si bien no fueron pocos los que perdieron la vida en los frentes. La propia Diputación de la Grandeza es buena muestra de ello, con dos de sus vocales -el duque de Almenara Alta y el marqués de Silvela- asesinados y un tercero -el duque de Fernán-Núñez, tesorero de la corporación- muerto en combate durante los primeros meses de la guerra.

Una vez finalizada la contienda, la Diputación de la Grandeza prosiguió su labor de gestión de las sucesiones nobiliarias, tal y como venía haciendo desde abril de 1931. Incluso tras el restablecimiento de la legislación nobiliaria en el año 1948 la Diputación de la Grandeza continuó con esta tarea. Asimismo, en el difícil contexto político del franquismo y durante los decanatos del duque de Alba y del duque del Infantado, la Diputación de la Grandeza no dejó de prestar su apoyo a los derechos de S.A.R. el Conde de Barcelona.

Restablecida en 1975 la institución monárquica en nuestro país, la Diputación de la Grandeza puso en marcha varios intentos para incluir en su seno a la totalidad de la Nobleza Titulada. El primer paso para conseguir esta integración de Grandes y Títulos fue la constitución en el año 1992 de la Fundación Cultural de la Nobleza Española, en la que tanto unos como otros podían participar como miembros. Aquel fue el paso previo a la modificación de los estatutos de esta corporación aprobada en 1999 en una asamblea extraordinaria presidida por el Rey Juan Carlos I. En virtud de esta reforma, los Títulos del Reino se incorporaron como miembros de pleno derecho a la Diputación, alcanzándose así la tan buscada asociación de Grandes y Títulos bajo una misma entidad.

En el año 2015 la Diputación de la Grandeza celebró el bicentenario de su creación y con tal motivo fue recibida en audiencia por el Rey Felipe VI. En su discurso, Don Felipe expresó su deseo de que la corporación mantuviera “siempre fresca y fértil la vocación de servicio a España, al conjunto de nuestra sociedad”, destacando además el “extraordinario patrimonio que para España representan los títulos nobiliarios a lo largo de los siglos”.

En la actualidad, más de dos siglos después de su creación, la Diputación de la Grandeza continúa cumpliendo con la función encomendada de representación del conjunto de la Nobleza Titulada, manteniendo siempre su vocación de servicio a España y al Rey, tal y como se recoge en el artículo 14 de sus estatutos.